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La soja transgénica y una nueva Ley de Semillas


Monsanto, la multinacional estadounidense líder del negocio global de semillas de soja, que hace 20 años lanzó al mundo la primera soja transgénica, superó casi todos los obstáculos para comenzar a cobrarles a los productores argentinos una retribución por sus innovaciones.


Se trata  del llamado “canon tecnológico” que se aplicaría a la segunda generación de soja modificada, la “Intacta RR2”, excesivamente oneroso para el productor que no pueda demostrar que pagó las regalías al momento de comprar la semilla.
Ante la falta de definición del Estado, las entidades rurales -Confederaciones Rurales, Sociedad Rural, Coninagro y Federación Agraria-,  cerraron  filas y reclamaron una nueva Ley de Semillas que contemple los programas biotecnológicos, y  que controle a la multinacional.
Un comunicado firmado por las entidades agrarias convoca a la industria semillera y a la comercialización de granos, a una mesa de diálogo ante  la proximidad de la nueva cosecha.
“Pensamos que es necesaria la búsqueda de consensos para encontrar una solución definitiva al control del comercio y uso de tecnología incluida en las semillas, actualizando la Ley de Semillas y el funcionamiento de los organismos de control del Estado. Para comenzar a construir estos consensos es necesario eliminar la cláusula ‘Monsanto’”, sostiene el comunicado conjunto de las entidades rurales, luego de una reunión a la que también asistieron  representantes de las bolsas de cereales, los acopiadores y empresas semilleras.
En esta controversia hay tres actores. Por un lado, Monsanto como productor de la tecnología transgénica que utilizan, por ejemplo, Nidera y Don Mario, que producen semillas, en tanto, los productores las adquieren para sembrar o acopiar para la campaña siguiente y otros usuarios para modificarlas y encontrar nuevas variedades.
Los productores consideran que hay varios problemas con respecto del uso de las semillas. Uno de ellos tiene que ver con los fitomejoradores, que son empresarios que se dedican a obtener nuevas variedades de las semillas que adquieren.
Esa actividad está contemplada como “derecho de uso propio” en la Ley de Semillas vigente, que no incluye a los nuevos eventos biotecnológicos, con lo cual existe una suerte de vacío legal.
En ese contexto, Monsanto exige a los fitomejoradores una compensación porque las semillas transgénicas se rigen, en lugar de por la Ley de Semillas, por la Ley de Patentes, que no contempla el derecho de uso propio.
Otra discusión tiene que ver con la utilización de la semilla.
Cuando llega el momento de venta de la cosecha, desde abril de 2015 la multinacional pretende aplicar para sus nuevas variedades una cláusula por la cual cobra 15 dólares por tonelada que ingresa al acopio o a la cerealera si el grano presenta antecedentes genéticos vinculados a los desarrollos de Monsanto. La empresa norteamericana argumenta que existe un alto grado de informalidad en las transacciones de semillas.
Jorge Solmi, vicepresidente de la Federación Agraria y dirigente del Frente Renovador, manifestó la necesidad de comenzar a trabajar para llegar a consensos de largo plazo a través de la modificación de la Ley de Semillas, una norma de principios de los años 70 que no contempla la biotecnología. “Sería importante adecuarla para incluir la regulación sobre las empresas que están en ese eslabón de la cadena, como Monsanto”, explicó.
En Estados Unidos, la comercialización de semillas está regida por la ley de patentes. En su modelo de negocios, Monsanto siempre apostó por exportar esa lógica al resto de los países donde opera. Sin embargo, en Argentina la Ley de Semillas tiene mayor preminencia que la de patentes.
Cabe recordar que Monsanto posee a nivel mundial 1600 patentes en biotecnología y suministra semillas en 150 millones de hectáreas.
En el mercado local tiene presencia en casi el ciento por ciento del suministro de semillas destinadas al cultivo de soja modificada genéticamente.
Lo que quiere hacer la empresa es tener de rehenes a los productores y adueñarse de la semilla, denuncian los productores
Mientras esto se discute en la Argentina, la Eurocámara pidió esta semana  a la Comisión Europea que retire la autorización de ingreso al mercado de productos que contengan o se hayan producido a partir de soja genéticamente modificada, tolerante al glifosato, muy utilizado en los pesticidas.
En concreto, los eurodiputados se oponen a la utilización de dos sojas transgénicas de Monsanto y una de Bayer, entre otras razones por considerarlas destructoras del medio ambiente y la salud.