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Productores agrícolas critican la nueva Ley de Semillas y defienden el "derecho del uso propio"


La comisión de Agricultura en Diputados comenzó el debate en torno de la modificación de la Ley de Semillas con 13 oradores entre representantes del Gobierno, el INTA, entidades gremiales y técnicas del campo y de empresas semilleras.
"Algunos están apurados porque salga y otros no. Estoy dispuesto a trabajar para ver si se puede sacar dictamen este año", arrancó el presidente de la comisión, Gilberto Alegre.
"No quiero que se piense que desde la Presidencia (de la Comisión de Agricultura) se ponen obstáculos a que salga", agregó.
Mientras que el legislador formoseño del Frente para la Victoria, Luis Basterra, criticó -sin nombrarla- a la empresa Monsanto, que hizo controles en los puertos para analizar si había una tecnología suya en soja (Intacta, resistente a insectos).

"Hay una actitud monopólica de parte de una empresa", precisó.
El proyecto de ley que impulsa la Casa Rosada acota el uso propio (la posibilidad de que el productor se guarde parte de la cosecha de soja y trigo para volver a usar como semilla en la siguiente campaña) e introduce un pago por ese uso propio por tres multiplicaciones tras la compra de la semilla. Dispone que todo el reconocimiento a la propiedad intelectual se realice en la semilla.
La expectativa del Gobierno es que para la próxima siembra de trigo, en mayo de 2017, haya "un consenso amplio" con una nueva ley.
El jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria, Guillermo Bernaudo, defendió el proyecto del Poder Ejecutivo.
Recordó que la norma oficial exceptúa del pago a la agricultura familiar y a quienes facturen menos de $1,8 millones. Pero calculó que abarcará en el pago del canon un 40% de los productores hoy responsables del 80% del área de siembra de soja.
"No discutimos el evento de una compañía sino una visión más amplia", afirmó.
Pero las palabras de Bernaudo no convencieron a Roberto Campi, coordinador de la Comisión de Granos de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA),quien rechazó acotar el uso propio como busca el gobierno macrista.
"No podemos delegarlo, no tenemos que renunciar a este derecho", afirmó. Campi calificó de "ejemplar" la actual ley, de 1973, y cuestionó a las empresas semilleras por impulsar su cambio.
"Por sobre todas las cosas CRA defiende el derecho de uso propio. Sostenemos que este derecho debe limitarse a la semilla originalmente comprada. Esto parece poco, pero en realidad es mucho lo que resignamos los productores agropecuarios", indicó.
Y agregó que cuando se realiza la compra de la semilla "se está pagando todas las tecnologías incluidas en la misma, es por eso que es lógico que los derechos que otorgan las patentes a las distintas tecnologías se agoten en la misma semilla".
"¿Por qué los semilleros y criaderos que crecieron con esta ley hoy la están cuestionando?", se preguntó y denunció que la industrias biotecnológicas "quieren apropiarse de una parte de la renta de los productores forzándonos a comprar semillas todas las campañas o en su defecto cobrarnos regalías extendidas".
"Las semillas son órganos de reproducción de una planta, por eso los agricultores las compramos y pagamos varias veces el valor del grano que contiene. Es en ese acto cuando reconocemos económicamente la tecnología que tiene incorporada", explicó Campi y remarcó que las "empresas tecnológicas que patentan procesos pretenden extender sus derechos a los granos, y quebrando la ley desarrollaron métodos de detección pretendiendo cobrar su tecnología en cualquier punto del proceso productivo".
"Llevaron a que la Argentina corra riesgo de comercializar su cosecha de soja. Solo un 10% de la soja comercializada contiene tecnología detectable, sin embargo, con distintas amenazas estuvimos a punto de colapsar en la última cosecha. Y no hay que olvidar que pese a haberse llegado a una solución parcial persisten los conflictos según nos denuncian los productores", concluyó.
Por su parte, el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, señaló que "el uso de semilla propia o comprada, debidamente registrada y fiscalizada debe ser el eje del sistema" y defendió la "necesidad de llegar a este encuadre legal superador lo antes posible, para evitar que se intenten prolongar en el tiempo esquemas que no traen verdaderas soluciones, ni a los productores ni a otros actores de la cadena". 
"Son parches que no harán que las nuevas tecnologías estén disponibles para los agricultores", consideró.
Para la SRA se debe mantener el uso propio gratuito, limitado a la cantidad de hectáreas por las que el agricultor (definido como el dueño de las sementeras) pagó inicialmente al comprar la semilla fiscalizada.
Hacia el futuro, en un proceso gradual que contemple entre otras cosas un cronograma para que la disponibilidad de semilla registrada y fiscalizada confluya con la demanda, o los incentivos para que exista oferta de semillas que provoquen mejoras en la productividad bien probadas podrá establecerse un vencimiento del uso propio gratuito, consignó.