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Ley de semillas: sigue el debate y estallaron las internas


Tal como estaba previsto, continuaron ayer las reuniones informativas junto a distintos actores de la cadena para debatir la reforma a la actual ley de semillas. Aunque ya está descartado que la iniciativa llegue a un dictamen este año -el plazo legislativo concluye la semana próxima- como muestra basta un botón y la polémica está a la orden del día con un tema caliente para toda la cadena agroindustrial. 

En representación por CRA estuvo el coordinador de la Comisión de Granos de la entidad, Roberto Campi, quien expuso: "Por sobre todas las cosas defendemos el derecho del uso propio. Sostenemos que debe limitarse a la semilla originalmente comprada. Esto parece poco, pero en realidad es mucho lo que resignamos los productores agropecuarios". Además, el dirigente denunció que las empresas semilleras, que no conformes con vender semilla, "quieren apropiarse de una parte de la renta de los productores forzándonos a comprar semillas todas las campañas o, en su defecto, cobrarnos "regalías extendidas". 

En la vereda de enfrente, Alfredo Paseyro, presidente de la Asociación Semilleros Argentinos (ASA), defendió el proyecto presentado por la industria que contempla el uso propio oneroso, el pago en cada uso de la variedad protegida, y no establece ningún mecanismo de fijación de precios. 

"Las consecuencias de seguir operando con una Ley que tiene más de 40 años y sin contar con ninguna solución lógica para resolverlo son que bajo el marco actual un productor que adquiere 2 bolsas de semillas fiscalizada para sembrar 1 hectárea de soja en 2016 podría sembrar 1.360 ha en 2018, sin necesidad de comprar ninguna bolsa", sentenció Paseyro. 

El empresario también advirtió: "Por cada punto porcentual que se incrementa el uso de semilla fiscalizada, se generan 850 nuevos puestos directos de trabajo; y con el marco actual esto no se logra". 

Con una posición mucho más neutral y hasta novedosa, FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) presentó su iniciativa que contempla que el productor realice un pago único, anual y por bolsa. La entidad también pide que se contemplen excepciones para los pequeños productores. 

Así es que mientras quedaron en evidencia posiciones bien contrapuestas, la discusión no es sólo de los representantes de la cadena sino que también incuye a los legisladores. La primera piedra la tiró el diputado Juan Casañas (Bloque del Bicentenario y vicepresidente de la Comisión de Agricultura) cuando declaró: "Entiendo que hay muchas presiones y que haya gente que se deje presionar. Pero no sacar esta ley es una picardía criolla. Y haber puesto los proyectos en agenda el 8 de noviembre y comenzar a tratarlos el 15 y 22 de noviembre ya implica que ni siquiera se pueda dictaminar", a su vez el legislador también dejó trascender un claro enfrentamiento con su par Gilbeto Alegre, a quien señaló como uno de los culpables de que la discusión recién haya comenzado. 

Lo cierto es que el Ministerio de Agroindustria de la Nación presentó el proyecto oficial recién el pasado 12 de octubre, y para ese entonces ya se especualaba con que no se conseguiría avanzar demasiado porque no alcanzaba el tiempo para debatir en profundidad un tema tan cadente. 

Así las cosas, la discusión se endendió fuerte pero muy pronto se desactivará hasta, quizás, el año que viene.