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¿Qué está en discusión con la Nueva Ley de Semillas?


Por Rolando García. Durante los últimos meses se ha generado revuelo en la cadena productiva agraria vinculada al complejo sojero-exportador. Con escenario en el Ministerio de Agroindustria, el conflicto desatado entre la multinacional Monsanto y los productores agrarios tiene su centro en cómo y cuánto habrá que pagar por el canon biotecnológico y el uso de semilla oficial. En el centro de la discusión está la Ley de Semillas de 1973 que aun rige en Argentina. 

La actual legislación habilita a los productores a sembrar la propia semilla cosechada. Esto significa que puede -durante algunas campañas y sin mermas significativas de rendimiento-, auto abastecerse, ahorrándose pasar por el semillero. 

El “uso propio” de semilla contemplado por ley es pasible de ser utilizado solo para aquellos cultivos autógamos cuya semilla no pierde potencial. No es posible hacer esto con el cultivo de maíz, que necesita ser hibridado y por lo tanto debe ser producido especialmente para obtener semilla, obligando al productor a comprar sus híbridos de maíz en su corporación multinacional amiga. Pero en el caso del los vergeles sojeros, hay luz verde para sembrar la semilla autoproducida. 

Cuatro orígenes de la semilla de soja 

El Ministerio de Agroindustria y en general el sector semillero se esfuerzan por dejar en claro que dentro de la actual ley existe “semilla legal” y “semilla ilegal”. Por “semilla ilegal” se refieren a la autoproducida. Lo problemático de esta afirmación es que, en el caso de la semilla de soja, la autoproducida se encuentra contemplada en la ley. 

El mercado de semilla ilegal efectivamente existe y es aquel compuesto por las bolsas de semilla que algunos productores le trafican a otros, conocida como “bolsa blanca”. Es exactamente igual a la del semillero, sin la garantía de marca. Similar a cuando se compra un detergente líquido para ropa por bidón de cinco litros “símil Ariel” en las ferias populares. 

Se estima que el mercado de “bolsa blanca” es relevante, mientras que lo mayoritario es la semilla autoproducida, y el mercado de venta de semillero es solo un 15% de la superficie sembrada. Para rascar el fondo de la olla, el semillero local Don Mario creó el sistema de “regalía extendida” donde productores que han elegido sembrar la semilla generada por ellos mismos tributan voluntariamente al semillero que desarrolló la semilla original que luego el productor “copió”. 

Este sistema fue seguido por el resto de las compañías, y al día de hoy entre el mercado oficial y la regalía extendida se llega un 30% de la superficie sembrada. El resto de la semilla utilizada no tributa a nadie. 

Esta situación generó que Monsanto -empresa desarrolladora de biotecnología- tuviera que encontrar la vuelta legal para poder cobrar por su desarrollo tecnológico: el gen que viene dentro de la semilla. Lo hizo amparándose en la Ley de Patentes y, paulatinamente, celebrando convenios privados con acopios y exportadores para fiscalizar la semilla que era entregada en estos puntos. 

De este modo, si algún productor había utilizado semilla con el gen RRY2PRO (conocida comercialmente como “INTACTA”), la multinacional podría cobrar una regalía. Así los productores que declararan tempranamente el uso de la semilla de Monsanto pagarían algo menos, y aquellos que fueran encontrados fuera de línea en el punto de entrega, pagarían una multa. 

Más se perfeccionó el sistema de Monsanto, más voces de entidades agrarias se levantaron para ponerlo en discusión. El sistema no llegó a vivir más de una campaña antes de generar rispideces muy fuertes. En el momento en que se ensayaban soluciones alternativas (terceras entidades que harían el control del grano) sucedió el cambio de aire entre las autoridades oficiales. 

Un conflicto por la renta 

Desde Agroindustria se anunció en junio el fin del conflicto entre Monsanto y los productores. El Estado asume el control de la semilla respetando la cláusula de control Monsanto para la actual campaña, utilizando la herramienta creada durante el gobierno anterior (resolución 187/15) y proponiendo resolver el largo plazo mediante una ley de semillas “consensuada con todos los actores de la cadena productiva”. 

De acuerdo a declaraciones que Guillermo Bernaudo -jefe de gabinete del Ministerio- durante el mes de agosto será presentando el ante proyecto de Ley de Semillas a la Comisión Nacional de Semillas (CONASE), espacio que nuclea entidades agrarias, industria y semilleros, dependiente del Instituto Nacional de Semillas (INASE). 

En declaraciones posteriores, el ministro Ricardo Buryaile dejó trascender que la nueva ley contemplará la figura de “uso propio” con una propuesta inicial para que el productor pueda utilizar durante un período determinado, equivalente cantidad de semilla propia a la que haya comprado al semillero previo a la campaña. Los productores inscriptos en el registro de agricultura familiar (alrededor de 90 mil) y aquellos que tengan de 100 o 200 hectáreas, quedarán excluidos del sistema. 

De esta forma finalizaría la contienda con un triunfo relevante de las empresas semilleras, y puntualmente de la multinacional Monsanto, aunque también de Dow y otros desarrolladores de la biotecnología en soja de menor tamaño. Hasta ahora, Monsanto lograba capturar algo de valor de sus desarrollos tecnológicos forzando a los productores a pagar amparándose en la Ley de Patentes. A su vez, facturaba a los semilleros la distribución de semillas con presencia del gen mediante un sistema de fiscalización entre empresas. Con la nueva ley, este engorroso paraguas jurídico quedará en desuso y será reemplazado por un techo que cubra las regalías de los dueños de la biotecnología contra cualquier temporal. Pero a su vez, con el nuevo sistema son el resto de los semilleros quienes logran cobrar por lo que antes el productor usaba onerosamente. 

¿Qué te debo? 

La quita de retenciones implicó la liberación de una parte de la torta de la renta agraria. Y como siempre sucede en estos casos, las disputas intestinas en el sector entre productores, terratenientes y proveedores no se hicieron esperar. El gobierno cedió una parte de lo que apropiaba y parece muy interesado en que las empresas de semillas y tecnología avancen. La pregunta es de cuánto dinero estamos hablando. 

Según datos oficiales la superficie sembrada para soja en la campaña 2014/15 fue de 19.792.100 hectáreas. Sabiendo que el actual mercado oficial es sólo un 15% de esta superficie, y que una bolsa de 40 kg de soja esta aproximadamente 27 dólares, podemos estimar el volumen de negocios de venta de semillas superó ese año los 80 millones de dólares. 

En caso de que la Ley de Semillas elimine el sistema de bolsa blanca, y fuerce a sembrar la mitad de la superficie con semilla oficial, este mercado pasará de los 80 a 270 millones de dólares en un año. 

A este aumento del 233%, se le sumarán los beneficios por regalías provenientes del uso propio, punto sobre el cual aún no se sabe qué dictaminará la ley. De esta manera el “gobierno de los productores” logrará algo impensado: hará que sus principales exponentes paguen mucho más que antes en beneficio de un grupo concentrado de proveedores de insumos y semillas.